El grado de alerta y disposición de actuar de la PGR puede ser muy buena, pero sus capacidades están actualmente avasalladas por los casos que maneja.
El gobierno del cambio no goza del defecto de la perfección. Sería un devaneo intelectual, sin embargo, endilgarle negligencia en materia de prevención y manejo de la corrupción administrativa. Hoy disfrutamos de una PGR independiente y el presidente Abinader la ha complementado actuaciones adecuadas ante asomos del flagelo. Pero ahora que se desata el caso Calamar, el de mayor trascendencia política y económica, habrá que esperar que el gobierno persista con determinación en la retadora coyuntura de un año preelectoral.
El destacado abogado Antoliano Peralta nos advierte que “el peor efecto de esta aberración social es que se ha ido creando en las nuevas generaciones una cultura de la corrupción. Muchos dominicanos de estos tiempos ven en el acto de desfalcar al Estado, una conducta tolerable o de la que no hay que avergonzarse.” Por eso la corrupción fue el tema principal de la última campaña electoral del nivel presidencial. Aunque esta ha existido en todos los gobiernos, en el gobierno anterior se había llegado a unos extremos que la clase media hubo de movilizarse con un reclamo redentor sin precedentes. La Marcha Verde fue una efectiva expresión de su hartazgo y su repudio a la corrupción eventualmente dio al traste con el gobierno del PLD.
El resultado de estas medidas y de las acciones de la PGR es que ha disminuido sensiblemente la corrupción en el país. Según Transparencia Internacional, una ONG calificada que mide la percepción de la corrupción en 180 países, República Dominicana avanzó 14 posiciones en 2022 en el Índice de Percepción de la Corrupción (ver gráficos).
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